La Política Colombiana y la Salud

Herman Redondo Gómez

Mientras los colombianos vemos con asombro la proliferación de candidatos por firmas de movimientos ciudadanos por el desprestigio de los partidos políticos, en la Salud, nada cambia, desde 1990 cuando el Banco Mundial publicó el Documento INVERTIR EN SALUD, las reformas neoliberales convirtieron la salud en un negocio.

Por: Herman Redondo Gómez MD

Ginecólogo y Obstetra

@hermanredondog

Ante el desprestigio de los partidos políticos por su cercanía con personajes de la vida nacional vinculados con evidentes hechos de corrupción, la mayoría de los treinta (30) candidatos y precandidatos presidenciales, decidieron sacarle el cuerpo a dichos partidos, así hayan sido sus jefes naturales o sus fundadores y, optar por la inscripción por firmas a través de movimientos ciudadanos, lo que les permite iniciar tempranamente su campaña política y marginarse del lodo de la corrupción.

Más grave aún, es que con contadas excepciones, en la recolecta de firmas solo se presta para hablar de política y de politiquería, de eventuales alianzas, de mecánica electoral, en forma genérica de combatir la corrupción o apoyar el proceso de paz; mientras, poco se habla de los verdaderos problemas del país.

Poner a escoger a los colombianos entre 30 candidatos es un desacierto total, pasarán a segunda vuelta, los dos más votados, pero con votaciones no representativas y sin que los ciudadanos conozcamos sus programas frente a problemas concretos como salud, educación, empleo, vivienda, justicia, minería ilegal, narcotráfico, posconflicto y la solución a los problemas económicos y las relaciones internacionales.

Por ejemplo en seguridad social, desde que en 1990 el Banco Mundial publicó el Documento INVERTIR EN SALUD, (…) “Este documento demuestra que la enfermedad es una sangría para las sociedades y las inversiones en salud pueden ser un aporte concreto al desarrollo económico”. A la par con el Documento ENVEJECER SIN CRISIS, (…) “en los últimos años, la reforma de los sistemas de pensiones ha adquirido carácter urgente dado que el envejecimiento de la población, la administración deficiente, la jubilación anticipada y las prestaciones de costo excesivo han impuesto fuertes presiones sobre las finanzas de los sistemas de pensiones y sobre las finanzas públicas en general”.

Estos dos documentos, dieron origen a las reformas y a las reestructuraciones en salud y en pensiones en toda América Latina; en Colombia, las reformas fueron representadas en la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el Sistema General de Seguridad Social, con tres negocios: Salud, Pensiones y Riesgos laborales.

Las pensiones en Colombia son un lucrativo negocio para los fondos privados, como lo son la protección de los riesgos laborales para las ARL. En el caso de la Salud, ciertamente, se convirtió en un negocio, pero en un mal negocio, porque las EPS por ahorrar recursos, terminan racionalizando el gasto médico, en detrimento de la salud de los afiliados al Sistema.

Desafortunadamente, el incentivo de lucro se tomó el Sistema de Salud, a todos los niveles, entre más alto el nivel, mayor el robo. Así no hay plata que alcance. Las EPS se quiebran y la Súpersalud tiene que liquidarlas. Estas liquidaciones forzosas generan traslado masivo de afiliados de EPS, lo que trastorna la continuidad en los tratamientos, cambio de IPS o de médico tratante, confusión de los afiliados y, en general trastorno en la prestación de los servicios, a lo que no ha escapado la liquidación de SaludCoop EPS OC y el traslado de sus afiliados a Cafesalud EPS S. A. y, ahora, a MEDIMÁS EPS. La verdad, es lamentable, que se juegue así con la salud de los colombianos.

Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia atraviesa por grandes dificultades en el aseguramiento y en la prestación de los servicios de salud, es un hecho no de ahora, lleva muchos años; la gente acude a la acción de tutela y ni así, debe entonces recurrir al incidente de desacato, lo que ha conducido a la judicialización masiva para reclamar los servicios de salud a que la gente tiene derecho, pese a ser considerada hoy la salud como un derecho fundamental.

Incidencia de la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015 –LES-.

La LES tiene por objetivo “garantizar el derecho a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”. Fue promulgada como un nuevo contrato social entre el Estado y la sociedad, con el fin de compaginar tanto la naturaleza como el contenido del derecho fundamental a la salud y constituye una oportunidad para reorientar las prioridades del Sistema, así como su operación hacia el beneficio del ciudadano.

Si bien la Ley Estatutaria mantiene los principios e instrumentos para la protección de la enfermedad, amplía de manera sustancial el contexto de la salud al incluir las acciones intersectoriales requeridas para afectar los determinantes sociales (Artículo 9) y sitúa la evaluación técnica y social del Sistema en su efectividad para “mejorar las condiciones de salud de la población” (Artículo 7). Esto implica reivindicar las intervenciones que propendan por ganancias en salud a través de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

¿Se han pronunciado los candidatos y precandidatos al respecto?

Tomando en cuenta el marco de la Ley Estatutaria en Salud, interesante sería que los candidatos y precandidatos, respondieran algunas preguntas, entre otras, las siguientes:

  • ¿El modelo de aseguramiento vigente es compatible con la Ley Estatutaria en Salud?
  • ¿Piensa en su administración mantener vigente la Ley 100 de 1993?
  • ¿Qué tipo de reformas haría?
  • ¿Qué medidas tomará para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud para todos los residentes en el país?
  • ¿Qué medidas tomará para superar las barreras de acceso que persisten en el Sistema de Salud?
  • ¿Qué políticas públicas adoptará su gobierno, dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud que inciden en el goce efectivo del derecho a la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida?
  • ¿Cuál será su política frente a los hospitales públicos?
  • ¿Cómo estructurará la relación docencia – servicios y los hospitales universitarios?
  • ¿Cómo garantizara la autonomía médica y de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo?
  • ¿Cómo garantizará la formalización laboral en el sector de la Salud?
  • ¿Qué política farmacéutica adoptara?
  • ¿Cómo garantizará la atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, que gozan de especial protección por parte del Estado?

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