Los profesionales “light” y su desmedida ambicion, causa de la corrupción que corroe al pais

Alfredo ManriqueEl país conoce los costos de la corrupción. Sin querer ser exhaustivos, multiples estudios señalan la gravedad de la situacion de la corrupción en Colombia[1]. Por ejemplo, análisis hechos y publicados por Transparencia por Colombia, calculan que en Colombia las empresas pagan en promedio 17% del valor del contrato para ganar una licitación. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión de las regalías $21 billones al cierre de diciembre del 2016 y la inversión en las vías de Cuarta Generación -$29 billones entre 2014 y 2016, se podría decir que solo en estas dos grandes apuestas del país se estarían yendo más $ 5 billones a las manos de los corruptos[2]. Pero la corrupción también tiene otros rostros tales como la dañina impunidad respaldada por trampas, sobornos y amañadas discrecionalidades de algunos operadores judiciales; la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que consagran privilegios o ganancias para unos pocos en detrimento del interés general como recientemente se ha puesto de presente con algunas de las regulaciones amañadas de los planes de ordenamiento territorial[3].

Los daños de la corrupción en el sistema político, económico y social son incalculables y de distinta índole porque corroen lo más profundo del pacto social. Dañan las reglas de juego de la democracia, la convivencia y de la búsqueda del bien común; dilatan e impiden las soluciones a las demandas ciudadanas; viabiliza la concentración de la riqueza y de las oportunidades en los avivatos; y descomponen el clima de todo tipo de negocios generadores de desarrollo y bienestar colectivo.

Es importante señalar que según la encuesta Gallup de febrero de 2017, el 85% de los colombianos siente que la corrupción está empeorando y consideran que es el principal problema que tiene el pais[4]. Entre las 600 personas encuestadas, solo el 9% dice que la corrupción ha disminuido. De acuerdo con las encuestas, el porcentaje de quienes creen que el problema está empeorando era inferior del 36% hacia mediados del 2008 y hoy asciende al 85%. Por su parte, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional para 2016 sitúa al país en el puesto 90 entre 176 países. Frente a 2007 el país ha descendido 15 posiciones en dicho ranking[5]. Complementariamente, de acuerdo con el informe de Transparencia por Colombia, la gran mayoría de las entidades del Estado, a nivel nacional, departamental y local, fueron clasificadas en riesgo de corrupción ‘alto’ y ‘muy alto’[6].

Este panorama ha llevado a una pérdida de credibilidad, respeto y confianza de las comunidades en sus instituciones públicas, y también en las privadas. Estas han perdido legitimidad, ya que la corrupción ha empobrecido a los colombianos y generado violencia y no poco resentimiento social.

La crisis del paradigma ético de la sociedad.

A partir de la década de los años 60 del siglo pasado y después de un periodo de violencia que hizo visible la crueldad, la doble moral de los liderazgos y la voracidad de los terratenientes, la sociedad comenzó un proceso de secularización y la ética religiosa imperante hasta esa fecha, comenzó a perder su liderazgo sin encontrar reemplazos ni nuevos referentes para la autorregulación de los individuos y de la sociedad. De manera simultánea, se vivió una explosión demográfica acompañada de un proceso de urbanización o de desruralización que introdujo nuevos usos costumbres sociales. Este proceso fue acompañado de la llegada de la televisión y de otros medios masivos de comunicación que comenzaron a transmitir toda suerte de mensajes y de patrones de comportamiento venidos de otros países y de otras culturas, que generaron diversos impactos (generalmente imitaciones o simulaciones) en las nuevas generaciones. Para la misma época comienza también a surtirse un rápido proceso de transformación del modelo de familia patriarcal, a un modelo mucho más abierto y de respeto y liderazgo de la mujer, pero también marcado por la inestabilidad, la violencia y el autoritarismo.

Entrada la década de los 70 aparece el narcotráfico y su gran poder corruptor el cual comienza a apoderarse de todos los estamentos de la sociedad y de las actividades económicas y políticas, incorporando el modelo del “todo vale” para conseguir el éxito, la fama y el poder, en un marco de desprecio por la vida y la dignidad de las personas. También irrumpe un modelo económico genéricamente llamado neoliberalismo, que le concede la mayor importancia a las reglas del mercado y de la rápida acumulación de riqueza, a la desregulación y la perdida de liderazgo del Estado como gestor de desarrollo humano y social de la nación con consecuencias como la imposibilidad de superar la pobreza, la privatización de “lo público” y la concentración de la riqueza y de las oportunidades en unos pocos privilegiados. Este periodo se ve acompañado de sobresaltos en el modelo educativo que centra sus esfuerzos en la cobertura y la alfabetización, en desmedro de la calidad y su pertinencia socializadora. Estos últimos cincuenta años también son acompañados por una violencia endémica, de asesinato de líderes prominentes, masacres, desplazamientos forzados y un saldo de centenares de miles de víctimas arropadas todas bajo el manto de la impunidad.

A este contexto sociológico y cultural, es necesario incorporarle el componente político relacionado con la crisis del Estado social de derecho. Este hace relación con al menos los siguientes aspectos: a) la inflación normativa, es decir, la profusa, difusa y confusa cantidad de leyes y reglamentaciones de la cosa pública y de los relacionamientos del ciudadano con las entidades oficiales[7]; b) la existencia de derechos paralelos, es decir, de normas que no están en la Constitución y la ley pero que son las que en verdad se cumplen y que son derivadas de la corrupción, el actuar de grupos armados ilegales, las prácticas y las costumbres sociales; c) la impunidad y la retardación de justicia, sobre todo en delitos de alto impacto social como son las graves violaciones a los derechos humanos, la gran corrupción que no deja huella pero que todos ven y sobre los delitos electorales; d) la pobreza y la inequidad social y en el desarrollo regional; d) el exceso de peso del poder ejecutivo y la debilidad de las demás ramas del poder público, en particular, de la función de control y vigilancia; y, f) la marginalidad de las minorías étnicas y raciales. Esta debilidad del Estado social de derecho apuntala una gobernabilidad precaria proclive al irrespeto de las reglas de juego de la democracia y a la corrupción y los abusos de poder[8].

La ambición desmedida de los profesionales “light”

Adicionalmente, el mundo contemporáneo ha generado unas subculturas y un ethos social que determinan la conducta de los individuos. Siguiendo al psiquiatra Español Enrique Rojas, en su libro “El hombre light[9], podemos compartir que uno de los principales desafíos para la prevalencia del bien común y los derechos humanos en este siglo XXI, está relacionado con la escasa formación y por ende el precario ejercicio ético y humanista de las profesiones. El hombre light es un hombre bien informado pero con escasa educación y muy entregado al pragmatismo y a la superficialidad. Es un sujeto trivial, ligero, frívolo, lo acepta todo, pero carece de criterios sólidos. Todo para él es etéreo, leve, volátil, banal, es permisivo. El hombre Light no corre riesgos, va con la seguridad por delante, no cree en casi nada y sus pensamientos cambian rápidamente, es vulnerable, se siente indefenso, no hace las cosas con pasión. Lo que desea es poder, fama, un buen nivel de vida. Es un hombre sin vínculos, descomprometido. Para que esto cambiase se necesitaría un sufrimiento muy grande que le sugiriese hacer un balance personal e iniciar una andadura más digna.

Señala el Dr. Rojas, que el hombre light contemporáneo se caracteriza por a) una permisividad, todo está permitido, no existen límites…el hombre light no tiene sus valores definidos, ya que éstos representan fronteras que moderan nuestras acciones…el respeto, la fidelidad o la honestidad, no son otra cosa más que límites que nos imponemos a nosotros mismos; b) relativismo, para el hombre light no existe ni bien ni el mal, ya que todo depende del enfoque con que se percibe la realidad…en otras palabras, el hombre light es un ente amoral…un manojo de instintos y deseos sin un sentido…al no existir una diferenciación entre lo correcto y lo incorrecto, nos sumergimos en un estado de absoluta indiferencia; c) consumismo, su vida la orienta una cultura del exceso, es poseído por sus pertenencias, la meta única del hombre es tener más, sin embargo, al ser permisivo y no tener límites ni un objetivo definido claramente, su ambición nunca podrá ser satisfecha, lo que terminará por arrastrarlo a una profunda depresión; d) materialismo, vivimos en un mundo plástico donde todo es desechable y no existe trascendencia, los ámbitos espirituales y culturales son ignorados… lo único que tiene un valor, es aquello que tiene un precio: el dinero es el valor más grande de todos; e) hedonismo, ya que solo tiene interés por vivir el instante inmediato…para él, el placer y la comodidad son sinónimos de la felicidad… el mundo gira alrededor del hombre light, y la realidad existe tan solo para satisfacer sus necesidades…el orgasmo es la mayor felicidad de todas.

Cuando analizamos los profesionales que están detrás de los escándalos de corrupción que hoy agobian a nuestro país, vemos con claridad la radiografía de los hombres light. Solo recordémoslo: agro ingreso seguro, los carteles de la contratación, las concesiones de obra pública y de explotaciones mineras, los robos de las tierras de los desplazados, las quiebras de instituciones vinculadas al sector salud, la corrupción en la rama judicial, la compra-venta de votos…

Conviene recordar con Adela Cortina, que una profesión es un tipo de actividad social, a la que se han atribuido desde Max Weber un buen número de características, de las que aquí destacaremos únicamente las siguientes: 1). Se trata de una actividad que presta un servicio específico a la sociedad de una forma institucionalizada. El servicio ha de ser indispensable para la producción y reproducción de la vida humana digna, como se echa de ver en el hecho de que personal sanitario y docentes, juristas, ingenieros, arquitectos, empresarios o economistas y un largo etcétera sean imprescindibles, no sólo para mantener la vida humana, sino para promover una vida de calidad. 2). La profesión se considera como una suerte de vocación, lo cual no significa que alguien se sienta llamado a ellas desde la infancia, sino que cada profesión exige contar con unas aptitudes determinadas para su ejercicio y con un peculiar interés por la meta que esa actividad concreta persigue. Sin sensibilidad hacia el sufrimiento de la persona enferma, sin preocupación por transmitir el saber y formar en la autonomía, sin afán por la justicia, mal se puede ser un buen médico, enfermera, docente, jurista. Y así podríamos seguir con las, restantes profesiones. 3). El profesional, al ingresar en su profesión se compromete a perseguir las metas de esa actividad social, sean cuales fueren sus móviles privados para incorporarse a ella[10].

Cuando los motivos personales desplazan por completo a las razones de la existencia del Estado social de derecho, cuando la arbitrariedad y el pragmatismo imperan sobre los argumentos legítimos y la prevalencia del bien común, se corrompe una profesión y deja de ofrecer los bienes que sólo ella puede proporcionar y que son indispensables para promover una vida humana digna. Con lo cual pierde su auténtico sentido y su legitimidad social. Por eso importa revitalizar las profesiones, recordando cuáles son sus fines legítimos y qué hábitos es preciso desarrollar para alcanzarlos. A esos hábitos, que llamamos "virtudes", ponían los griegos por nombres "aretai", "excelencias". "Excelente" era para el mundo griego el que destacaba por respeto a sus compañeros en el buen ejercicio de una actividad. "Excelente" sería aquí el que compite consigo mismo para ofrecer un buen producto profesional, el que no se conforma con la mediocridad de quien únicamente aspira a eludir acusaciones legales de negligencia. Frente al "ethos burocrático" de quien se atiene al mínimo legal pide el "ethos profesional" la excelencia, porque su compromiso fundamental no es el que le liga a la burocracia, sino a las personas concretas, a las personas de carne y hueso, cuyo beneficio da sentido a cualquier actividad e institución social.

Es tiempo, pues, no de despreciar la vida corriente, sino de introducir en ella la aspiración a la excelencia, la modestia y la felicidad de las cosas pequeñas.

[1] Los organismos de Control y Vigilancia, la Fiscalía General de la Nación, organismos no gubernamentales especializados y los medios de comunicación nacionales y locales, a diario dan cuenta de escándalos graves de corrupción en todas las ramas del poder público y en las entidades territoriales.

[2] https://www.incp.org.co/la-corrupcion-no-cede-en-colombia/

[3] Durante los últimos años, el Estado ha venido fortaleciendo su institucionalidad para promover la transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas (Departamento Nacional de Planeación, 2015). Dentro de estos lineamientos se encuentran el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011); la Ley Anti-trámites (Decreto-Ley 019 de 2012); el Documento CONPES 167 Estrategia Nacional de La Política Pública Integral Anticorrupción; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de2014); la Reglamentación del Sistema de Compras y Contratación Pública (Decreto 1082 de 2015); y la Ley 1778 de 2016 de responsabilidad de personas jurídicas por soborno, entre otros.

[4] Periódico El País; “Escándalos de corrupción golpean optimismo de los colombianos, según encuesta Gallup”; Cali, Colombia, marzo 17 de 2017

[5] http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2016

[6] “Gran mayoría de entidades públicas están en alto riesgo de corrupción”; Periódico El Tiempo, abril 26 de 2017.

[7]Estudios hablan de la vigencia de cerca de 17.000 leyes que suman algo más de 2 millones de artículos, parágrafos e incisos.

[8] Manrique Reyes Alfredo; Fundamentos de la organización y del funcionamiento del Estado Colombiano; DIKE-Universidad del Rosario, Bogotá, 2010.

[9] Rojas Enrique; El Hombre Light: Una Vida Sin Valores, editorial planeta 2000.

[10] Adela Cortina; “Ética de las profesiones”, publicado en el diario El País, Madrid, febrero de 1998.

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