En la rectoría de la U. Nacional Santos gana con cara o con sello: Jennifer Pedraza

Jennifer Pedraza

En los últimos seis años la Universidad Nacional ha pasado por dos procesos de designación de rector en los cuales – como establece la Ley 30 de 1992- el Gobierno Nacional impuso, a través de su influencia en el Consejo Superior Universitario, al representante legal de la Universidad más importante del país, desconociendo la decisión democrática de la comunidad universitaria expresada por medio del voto electrónico. En ambas votaciones, Leopoldo Múnera (más de 6690 votos en 2012) y Mario Hernández (más de 11.800 votos en 2015) resultaron ganadores con extraordinario respaldo de la comunidad universitaria gracias a la firmeza de sus programas en la defensa del carácter público, autónomo y de calidad de la Institución.  

Hay que señalar sobre estos procesos que la democracia y la autonomía universitaria son una conquista de las comunidades académicas y garantía esencial de que el resultado de la lucha de ideas entre la comunidad universitaria sea el que oriente los destinos de las Universidades. Por este motivo, resulta desacertado e irracional reducir la voluntad de la comunidad universitaria a un mero carácter consultivo porque cercena y destruye los cimientos mismos de la universalidad del conocimiento.

Como consecuencia de este mecanismo antidemocrático en el que el presidente termina definiendo al rector, se perpetúa una administración de la U. Nacional acrítica y dócil frente a las políticas del Gobierno Nacional de Santos, que aprovechó los últimos 6 años para profundizar la crisis e implementar reformas. De hecho, para la designación en curso, todos los candidatos que aspiran a la rectoría coinciden con la política pública de educación del Ministerio partiendo de la certeza de que una voz disonante en la cabeza de la institución no será la elección final del Gobierno.

En ese orden de ideas, desde la inscripción de los aspirantes a rector/a este año, es claro que el Gobierno gana con cara o con sello. Las candidaturas insisten en la dependencia de la autofinanciación de la Universidad –más de lo mismo en los últimos 25 años-, respaldan el endeudamiento de la institución y no rechazan firmemente la posibilidad de negociar los 98.000 m2 amenazados por el Plan de Renovación Urbana del CAN de Peñalosa.

Es por esto que, como señal de profunda inconformidad con este proceso y las candidaturas, los sectores democráticos, críticos y defensores del carácter público y autónomo de la Institución respaldaron en esta ocasión el voto en blanco que obtuvo un respaldo histórico de 4656 votos (¡en docentes esta opción pasó de 52 votos en blanco en 2012 a 219 en el 2018!). Una demostración contundente de la exigencia por democracia universitaria.

¿Qué les queda entonces a los estudiantes? La mejor alternativa probada en la práctica como exitosa: la movilización masiva, creativa y pacífica, para exigir la elección democrática de rector, la garantía plena de la autonomía universitaria y la financiación pública que necesita la Universidad Nacional. Para que nunca más se derrumben los edificios de las universidades públicas, para que nunca más pretendan recortarle terrenos a los campus universitarios y para que, finalmente, la educación superior sea un derecho para las generaciones futuras de colombianos.

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