Las coincidencias entre López Pumarejo y Gustavo Petro: Jose Cuesta

Jose Cuesta

Extracto del Libro Vergüenzas Históricas. Tacueyó el comienzo del Desencanto. Intermedio Editores- Jose Cuesta

Alfonso López Pumarejo concibe de suma importancia, la tarea de consolidar el propósito de edificar el proyecto de la República liberal, respuesta ineludible a la hegemonía que por cincuenta años mantuvo al Partido Conservador en el ejercicio del poder.

El primer mandato de López Pumarejo persigue objetivos modernizadores de la sociedad. Aún los más acérrimos críticos de esta experiencia, reconocen en La Revolución en Marcha una página significativa en los procesos transformadores de las estructuras económicas. La ley 200 de 1936, es un verdadero avance en materia de reforma agraria, le otorga derechos de propiedad a los colonos que controlan tierras de carácter público, o aquellos colonos que exploten tierras privadas con una anterioridad de cinco años. Está redactada en el tradicional tono componedor de la primera administración lopista, lo que implica aumentar los precios de las tierras de los terratenientes, que son compradas por el Estado, para subdividirlas y luego reasignarlas a los trabajadores agrícolas. Lo llamativo de este procedimiento legal, es que la compra de tierras se efectuaba en aquellas zonas en donde existían fuertes tensiones entre el movimiento social campesino y los propietarios de las haciendas.

Es indispensable resaltar cómo a partir del gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera, se desataron múltiples movimientos campesinos en varias regiones agrarias de Colombia. Las rebeliones campesinas surgían como una manifestación de rechazo a la institución de la gran hacienda, factor determinante de las relaciones sociales de producción agrícola.

Por ejemplo, en la región cundinamarquesa del Sumapaz, una hacienda podía alcanzar sin mayor inconveniente las cien mil hectáreas; la extensa propiedad sobre la tierra se constituía en el primer elemento característico del régimen hacendatario. En una economía dominada por el café, se hacía imperiosa la presencia del aparcero, cuya función era definitiva como recolector en las épocas de cosecha. Para acabar de configurar la formalización del régimen hacendatario, se hacía inevitable la entrada en escena de las tecnologías jurídicas, que se encargaban de fijar las condiciones contractuales reguladoras de las relaciones entre el patrón de la hacienda y el aparcero. Dichas condiciones tenían que ver con la libertad de movimiento del aparcero, número de días de trabajo no remunerado en la finca, y otra serie de restricciones, que hacen del régimen de la gran hacienda, una verdadera institución social y económica de características feudales.

En un contexto de turbulencia social campesina, como el surgido a partir de la época del 30, es mucho más fácil entender el significado de la aplicación de la ley 200. De lo que se trataba era de articular una política capaz de liberar múltiples efectos en forma simultánea. Por un lado, en la mira de modernizar la economía nacional, se imponía la tarea de romper las viejas ataduras serviles, que unían a los jornaleros agrícolas con los grandes hacendados. Esta arcaica relación social impedía el florecimiento del capitalismo en el sector agrario, la única vía para acceder a esta meta económica era convertir en pequeños propietarios a los aparceros. Resuelto este nudo de tensión social era posible pensar en modernizar el sistema agrario colombiano, en la perspectiva de transformar los terratenientes en empresarios capitalistas.

“Un Mariano Ospina Pérez, nombrado gerente de la federación en 1930 y que no es dado a liberalidades sociales, no se cansa de proclamar que el fortalecimiento de la economía cafetera pasa por el desarrollo de la pequeña propiedad, no de la grande”.19

La gran conclusión que subyace de la implementación de la ley 200 de 1936, es el decidido impulso otorgado por López Pumarejo, a la expansión de las relaciones sociales de producción capitalista en el sector agrario. Para lograr este cometido se hacía imprescindible ampliar la base de propietarios; curiosa coincidencia temática, formulada por estos dos estadistas, representantes de colectividades políticas distintas, por lo menos en el plano nominal.

Un comentario adicional sobre la institución de la hacienda. Desde el punto de vista jurídico, fueron muy variadas las formas contractuales que regularon la administración de mano de obra; pero sin duda, todas ellas fueron celosas en exceso al garantizar que dichos contratos cumplieran un rol de control político, una cláusula señalaba, en forma explícita o implícita, que el trabajador asumía el compromiso de votar en las elecciones por el candidato de las preferencias del propietario.

Así, el régimen hacendatario es uno de los factores estructurales de construcción de las subculturas políticas, en las que terminaron convertidas las dos colectividades tradicionales. Sobra decir que los propietarios de grandes haciendas asumían la condición de generales en los periodos de movilización militar, tan frecuentes en las reiteradas guerras civiles regionales o nacionales vividas a lo largo del siglo XIX. Por la fuerza de las estructuras sociales agrarias, los trabajadores de las haciendas resultaban impelidos a participar de cruentas batallas partidistas, adoptando en forma tragicómica banderas rojas o azules, dependiendo del apellido del patrón.

“Para los campesinos, incluso la movilización armada en apoyo de uno de los dos partidos ha representado una forma característica de incorporación masiva a la vida política nacional”.20

La primera administración de López Pumarejo se caracterizó de igual forma por el énfasis impuesto en la tarea de fortalecer el desarrollo de la industria nacional y su productividad. En función de este menester, la construcción, consolidación y ampliación de un mercado interno se hacía inaplazable. De allí que resultase imposible eludir la discusión del problema de la ciudadanía para los sectores populares urbanos. Es importante en este punto, resaltar la diferencia sustancial entre ciudadanía formal y ciudadanía activa; entre ciudadanía política y ciudadanía social.

La ciudadanía formal se consagra en el ordenamiento jurídico como un derecho que habilita al sujeto a participar del ámbito de lo público; la ciudadanía activa se entiende como la apropiación consciente por parte de ese mismo sujeto jurídico, del espacio de participación habilitado por la norma, constituyéndose esta forma de ciudadanía en factor determinante de la dinámica pública. La ciudadanía social se refiere al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los individuos o los sectores de la población, en una sociedad determinada. Mientras que la ciudadanía política está referida a los derechos de opinión, organización, movilización y participación política, previstos y garantizados por el Estado, a los cuales pueden acceder los grupos sociales o los individuos en forma particular.

El reto de La Revolución en Marcha en esta materia era ampliar el mercado interno para que a su vez se pudiese consolidar la productividad de la industria nacional. Desde el punto de vista económico, este propósito implicaba la incorporación masiva de nuevos consumidores, por supuesto, éstos no podían provenir de las ancladas relaciones sociales de producción feudal imperantes en el sector agrario, o del mundo de la restricción social y legal que marcaba el devenir de los obreros urbanos.

Se requería constituir en sujetos de derecho a los campesinos y a los obreros, para ello López Pumarejo impulsa la ley 200 de reforma agraria, y avala la legitimidad de los conflictos laborales, considerándolos naturales en el curso de un proceso de transformación económica que pretendía el despegue definitivo de la industria nacional. La historia del sindicalismo está ligada sin duda al liberalismo modernizador de López Pumarejo. La primera confederación sindical colombiana fue creada bajo el auspicio de éste, convirtiéndose luego en la confederación de trabajadores de Colombia (CTC), cuyo comité ejecutivo para 1938 estaba compuesto por mayorías liberales, en condición de minorías se encontraban los representantes comunistas y socialistas.

En el campo de las mejoras sociales y económicas para los trabajadores, López Pumarejo fue un convencido de la necesidad de incrementar su calidad de vida por la vía de unas mejores condiciones salariales. A juicio de López, esto traerá como repercusión un ensanchamiento en la productividad y una mayor dinámica económica. En correspondencia con estos postulados de política económica, el Estado nacional deberá modificar su tradicional papel de instrumento represivo y defensor de los intereses de la clase dominante, articulada a los monopolios extranjeros, como se evidencio en el conflicto bananero de Ciénaga (Magdalena) en el año de 1929. La función del Estado durante la revolución en marcha va a ser la de árbitro que contiene los impulsos naturales hacia el desafuero y la arbitrariedad por parte de los patronos, ratificando de forma simultánea la justeza de las reclamaciones salariales formuladas por los obreros.

Para Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Colombia Humana, el mayor desafío de gobierno lo constituye su lucha contra la inequidad social. El nuestro es el tercer país más inequitativo del mundo; solo los superan Angola y Haití. La razón de esta tragedia social es la existencia del latifundismo improductivo, institución que impide el acceso de Colombia a la modernidad. De allí que el candidato presidencial, haya manifestado su decisión de imponer el más alto gravamen tributario a los latifundios improductivos superiores a 2.000 hectáreas, con el objetivo de lograr que sus propietarios cultiven esas tierras, o de lo contrario se las vendan al Estado, propiciando con ello una modernización del agro colombiano.

19 Pécaut Daniel. Orden y Violencia: Colombia 1930 - 1953, volumen I, pag. 150.

20 Sánchez Gonzalo, MEERTENS Donny. Bandoleros, gamonales y campesinos, pag. 29

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