Entre la pandemia y el uso ilegitimo de la fuerza

Entre la pandemia y el uso ilegitimo de la fuerzaEl gobierno de Iván Duque soporta una crisis de legitimidad desde su inicio, por una parte porque hay evidencia abundante sobre el financiamiento ilegal por parte del narcotráfico y de firmas extranjeras a su campaña en varias regiones del país, que se utilizó además para la compra de votos, por otra parte, porque las fuerzas que apoyaron a Duque en la segunda vuelta presidencial lo hicieron más para detener la candidatura de Petro que por estar de acuerdo con la propuesta de Duque y esa ilegitimidad se ha profundizado por el contenido de las políticas públicas puestas en marcha desde su llegada al poder. Este aislamiento e ilegitimidad tuvo su máxima expresión en las históricas movilizaciones que se llevaron a cabo partir del 21 de noviembre de 2019, una protesta ciudadana que impugnaba los anuncios gubernamentales respecto al tema laboral, pensional y el incumplimiento de los acuerdos pactados en el proceso de paz. Estas movilizaciones e inconformidad social, se vieron truncadas por la pandemia del Covid-19, que obligó a tomar la decisión de generar un confinamiento general, en tanto se hacía necesario contener la transmisión del virus, mientras de hacían las adaptaciones necesarias al frágil sistema de salud colombiano.

Debo aclarar de paso, que hicimos parte de esta propuesta, que lejos de constituir una decisión panóptica de una policía médica, era un acto de responsabilidad con la vida frente políticas negacionistas que pugnaban por seguir de largo, sin detenerse, si quiera a replantear un sistema de salud- que tiene a cuestas la mortalidad evitable de un millón trescientos mil colombianos, según el INS entre 1998 y 2010- ante la emergencia de un virus desconocido en sus niveles de contagiosidad y letalidad para la humanidad. Esta propuesta, siempre se acompañó de la solicitud expresa al gobierno nacional de una política de inversión social de renta básica, que posibilitara el confinamiento de la población informal, independiente, la clase media, el pequeño y mediano empresario, con la garantía de los mínimos del básico vital y la soberanía alimentaria.

El gobierno del Presidente Iván Duque, en vez de mejorar su legitimidad y gobernabilidad durante la pandemia, la agravó, lo que se refleja en las encuestas de opinión publica, donde los gobernantes locales superan al primer mandatario, en la percepción ciudadana de mejor manejo de la pandemia. Esto se sustenta en que del 11% del PIB que prometieron invertir para el apoyo de la misma, solo ejecutaron el 4%, conforme el Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana, el Dane ha afirmado que casi un tercio de la población en Colombia, cuenta solo con una comida al día, y en cuanto al comportamiento de la pandemia, Colombia se encuentra entre los 6 primeros países del mundo en numero de contagios totales, y en mortalidad por millón de habitantes dentro de los 10 más afectados. En un momento de apertura se está procesando menos de la mitad de la capacidad instalada de pruebas PCR Covid-19, lo que resulta inexplicable, en un contexto en que se requiere testear a la población asintomática.

Lo anterior sumado a que este gobierno no tiene una propuesta para el país, una agenda política clara que movilice a los ciudadanos en su respaldo. En la época de Uribe, este logró postular la seguridad democrática, con la cual no estuvimos de acuerdo, como un baluarte social, y una política alrededor de la cual construyó un discurso que fue hegemónico para mayoritarios sectores sociales del país. El gobierno de Duque no ha propuesto nada, la nadería de lo mismo. Es un gobierno muy débil en su legitimidad y en la convocatoria ciudadana en su respaldo. Su poder está afincado en la fuerza del Estado intrincado con poderes facticos de carácter mafioso, la demagogia, el control de los medios de comunicación, porque no resiste un mínimo debate medianamente informado, en tanto se desploman ante cualquier mínimo de argumentación y develamiento de la verdad.

Es un gobierno débil en su legitimidad, capacidad de propuesta y movilización, por eso debe apelar a la fuerza y al control del aparato estatal, la concentración facistoide del poder en el ejecutivo, eliminando cualquier contrapeso en la institucionalidad del Estado y de la sociedad. Es así como, rodando sobre los vacíos del andamiaje institucional que no pudo transformar la Constitución de 1991, se hicieron a la cooptación de los organismos de control, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, con nombramientos de bolsillo que garanticen la impunidad del régimen y de su gobierno de turno.

En el marco de los decretos de emergencia social, y apelando a la repartija de mermelada y cooptación de las mayorías del Congreso de la República, paralizaron el accionar de esta corporación, reduciéndola a una actividad virtual, un seudo congreso que no logra ejercer a cabalidad su función constitucional de control político, y que hasta reformas constitucionales ha llevado a cabo por una red social. Esto está acompañado de la manera como el Presidente de la República, utilizó la pandemia para hacer un monólogo mediático diario en los medios de comunicación, con una matriz de opinión, en la cual, sus afirmaciones sobre la pandemia y las de sus invitados a ese espacio, son las oficiales, y por tanto corresponden a la irrebatible verdad. Se pasaron por la faja el estatuto de la oposición, donde la misma, debería tener el mismo espacio televisivo del presidente para controvertir estas posturas. Dicho sea de paso, que muchas de estas afirmaciones se disfrazan de “ciencia y objetividad”, para encubrir decisiones políticas, porque la pandemia implica ante todo decisiones de política pública, y estas no sólo tienen como referente, la ciencia, que es un escenario también de controversia, sino que allí se ponen en juego concepciones éticas, morales y políticas sobre las prioridades de una de sociedad y sus correlaciones de fuerza expresadas en el Estado.

Lo que termina de apuntalar esta caracterización fascistoide, que evoluciona rápidamente hacia la instauración de un fascismo neoliberal claramente definido, es la privación de la libertad del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, por cuenta de una investigación que llevaba a cabo la Corte Suprema de Justicia, por soborno a testigos y fraude procesal. Después de dictada la orden de aseguramiento, el partido de gobierno investido con el poder de la institución presidencial, inició una persecución mediática y de descrédito en contra de la Corte Suprema de Justicia, con cuestionamientos a los magistrados que tomaron las decisiones, y despliegue de una andanada propagandística que busca desacreditar esta institución, llegaron a proponer una constituyente para suprimir las altas cortes, y fusionarlas en una sola.

Un asesor del Presidente escribió al periódico El País de España para censurar una entrevista al senador Iván Cepeda, contraparte judicial del ex presidente Uribe en el proceso judicial. Ante la renuncia de Álvaro Uribe al Senado, sus abogados alegaron ante la Corte Suprema, ausencia de competencia de esta institución para continuar al frente de la investigación, en respuesta, la Corte trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación, en donde de inmediato se ordenó centralizar las investigaciones de los fiscales regionales para que finalmente queden al arbitrio del fiscal general, que puso allí el Presidente Duque. Por el historial de la Fiscalía, lo que se augura es que el caso del ex presidente quede en la impunidad, como el 98% de los procesos contra altos funcionarios públicos, que reposan dormidos en esta institución.

El hecho más reciente que compungió al país, fueron los inaceptables sucesos del 9 al 11 de septiembre, en donde la policía nacional, desacató el mando de su jefe constitucional, cual es, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, y en lo que eufemísticamente denominaron un procedimiento policial, asesinaron al abogado Javier Ordoñez, este homicidio, suscitó la indignación de la ciudadanía, especialmente la juventud, que con toda razón salieron a protestar a las calles, rechazando el abuso de la fuerza pública. La respuesta fue el homicidio de 13 jóvenes a manos de la fuerza pública, quienes dispararon abiertamente en las calles contra las manifestaciones. Esto no tiene ninguna justificación, amerita toda la solidaridad de la sociedad colombiana con las víctimas. En ese contexto de manifestación mayoritariamente pacífica, en algunos casos grupos reducidos procedieron a la quema de varios CAIS de la ciudad de Bogotá, situación de violencia que debe ser rechazada, pero que jamás justifica el homicidio de los jóvenes, que como lo mostraron las grabaciones de la alcaldía de Bogotá, fueron por cuenta de la policía.

La respuesta del Presidente de la República, es el respaldo irrestricto a la Policía Nacional, y la negativa a una necesaria reforma a esta institución, que no debería responder al mando del Ministerio de Defensa sino del Interior, en tanto es una institución civil, no militar y es la cartera encargada de la defensa de los derechos humanos y de las libertades de los ciudadanos. La ideología del enemigo interno propia de las instituciones militares, esta incorporada en las mentalidades de sus miembros, el desacato a los derechos humanos se ha documentado en diversas acciones denunciadas y que reposan en la impunidad. El mensaje de respaldo del gobierno, es un acto del poder que banaliza las víctimas, y ejerce el poder simbólico de respaldo a estas acciones abusivas de la fuerza pública.

La persecución se ha extremado sobre los jóvenes, que han sido las víctimas de las últimas masacres perpetuadas en el país (aquellas que eufemísticamente, el gobierno ha denominado homicidios colectivos), y de la abierta masacre de Bogotá, tal es la confianza en la impunidad, que no importó que estos homicidios se perpetuaran frente a las cámaras ciudadanas que grababan los hechos. El joven es el nuevo sujeto político de las protestas ciudadanas, que se oponen al régimen del gobierno de Iván Duque y Uribe, el joven que se moviliza en las redes sociales, que traslada esa inconformidad a las calles, desarmado, con las ideas de cambio, aquel a quien quieren hacer pasar como integrantes de grupos ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN, los infiltrados -que deben ser perseguidos por la fuerza legitima del Estado en su confrontación armada-pero que no pueden servir de justificación para acallar la juventud y la protesta ciudadana.

Todos estos hechos están acompañados de una matriz de opinión de propaganda política, lo que se busca es equiparar la quema de unos CAIS, con los homicidios de unos jóvenes a manos del Estado que tenía el deber de protegerlos, se busca minimizar esto último ante la opinión pública, y sobreponer lo primero. Equiparar al joven que protesta pacíficamente y que disiente del régimen, al vándalo armado que merecía morir. Esa es la narrativa que posicionan, la de las manzanas podridas, los homicidios de los líderes sociales, no responden a una sistematicidad, sino que son casos aislados, “líos de faldas” como dijo el Ministro de Defensa frente el homicidio de un líder social.

Eso es otra característica del fascismo, la necesidad del propagandismo, la demagogia, el ejercicio del control social a través de la represión policiva y militar que busca eliminar al opositor, pero esto requiere una matriz de opinión que matice, minimice u oculte el horror de la tragedia, desatar el miedo en el ciudadano para que no salga a marchar o a protestar. Todo esto sumado a la concentración del poder, por lo que se debe cooptar o derogar la acción del contrapeso de otras instituciones del Estado. Detrás de eso lo que existe, es una gran debilidad de poder legítimo, de la hegemonía intelectual del régimen sobre la sociedad, por eso se apela a la represión y al propagandismo mediático, porque no se resiste el debate público y los contrapesos que implican la democracia.

Finalmente, es necesario comprender que la mejor resistencia frente a la represión, es la democracia, la expresión pacifica de la diferencia, la generación de un programa de transición democrática que le genere al pueblo colombiano, una alternativa de sociedad mejor. Esto requiere un amplio acuerdo social y político de las fuerzas democráticas del país, que son mayoritarias, para detener la degradación dictatorial que nos quieren imponer.

Carolina Corcho Mejía, presidenta Corporación Latinoamericana Sur y Vicepresidenta Federación Médica Colombiana.
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