Reforma laboral y pensional por decreto

Jorge Iván Díez Vélez A propósito del 7 de octubre, día del trabajo decente, el decreto 1174 de 2020, ha suscitado todo tipo de observaciones en las organizaciones de los trabajadores. Centrales Obreras, Sindicatos y algunos expertos en derecho laboral y constitucional, coincidimos en las adversas consecuencias para los trabajadores colombianos, en la implementación del decreto a partir de febrero del año 2021. El gobierno nacional ha defendido este decreto, derivado del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, como la herramienta para reglamentar un piso mínimo de protección social, beneficiando a personas que devenguen salarios inferiores al mínimo legal vigente, accediendo a la seguridad social cotizada por las horas trabajadas y el derecho a un micro seguro en reemplazo de su pensión. Con este decreto el gobierno está presionando beneficios en la seguridad social hacia abajo y no hacia arriba y tiende a precarizar condiciones laborales.

El decreto no establece los perjuicios directos, pero estos se encuentran en los detalles al leer y analizar con detenimiento su contenido. Los riesgos después de su implementación serán notorios y los daños en el mediano y largo plazo inobjetables. La inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio del Trabajo, es deficiente, solo se tienen mil inspectores del trabajo a nivel nacional y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, también se quedaría corta, para evitar que se le dé mal uso al decreto y modifiquen las condiciones de los trabajadores formales.

En primer lugar el decreto 1174, afecta los principios de progresividad y no regresividad en los derechos de los trabajadores, quiere decir esto, se corre el riesgo de que los trabajadores formales, regresen a condiciones de precariedad laboral, ante la decisión de algunos empleadores poniendo en práctica el trabajo por horas. Cambiar jornada laboral completa, por horas de trabajo parcial. En segundo aspecto, de hecho se materializa una reforma laboral y pensional, al reglamentar el trabajo por horas y modificar el régimen laboral colombiano en dos elementos: el primero, desregularizando el contrato de trabajo formal, esto significa que se cambian las condiciones contractuales individuales y se les brinda a los trabajadores nuevas y regresivas jornadas de trabajo por horas; en segundo lugar, se modifican las condiciones de acceso a pensión, al reemplazar el régimen de prima media, incluso la cotización al sistema de ahorro individual, por una de aporte mensual a los Beneficios económicos periódicos BEPS , que a la hora de la pensión por tiempo y vejez, solo retorna a título de una devolución, un micro seguro. A esto se le denomina precariedad laboral y reemplazo de una pensión digna, por algo que ni siquiera es considerado como un auxilio o indemnización pensional.

Adicionalmente, el decreto establece entre líneas, el riesgo para el desmonte del salario mínimo legal. No hay que ser muy riguroso para darse cuenta que ante una disminución de la jornada laboral ordinaria de 48 horas a la semana y al incursionar el trabajo por horas, los empleadores pagarán por horas, fragmentando la asignación mensual definida por el mínimo legal vigente del correspondiente año. Es pertinente agregar que, dadas las condiciones actuales en pérdida de puestos de trabajo y empleos, la difícil situación económica del país y la condición de crisis de nuestras empresas, como consecuencia de la pandemia, muy seguramente los micro, pequeños y medianos empresarios, acudirían a las condiciones establecidas por este decreto, para reactivarse a menor coste, pese a que precaricen las condiciones de sus trabajadores. Para el sindicalismo y las relaciones laborales colectivas, el daño no será menor, se corre el riesgo de perder el camino andado, en donde los sindicatos y los empresarios han construido relaciones laborales armónicas, basadas en el respeto, la mutua cooperación, el trabajo en equipo y por un mismo propósito. Ante la tentación de suplantar jornadas completas por horas parciales, se pone un freno de mano al crecimiento del sindicalismo, a la elección de los trabajadores para acceder en condiciones legales y constitucionales al derecho de asociación y libertad de afiliación sindical, pues quien trabaje por horas no tendrá ninguna posibilidad de afiliarse a un sindicato. Así mismo, puede limitarse en el largo plazo el derecho de negociación colectiva.

Por último, el gobierno nacional incurrió en la omisión de consulta, entendida esta como la información y discusión que este tipo de propuestas deben surtir, ante la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales en la que tienen asiento los actores del Tripartismo: gobierno, empresarios y trabajadores, según el art 56 de la constitución nacional.

En definitiva el decreto 1174, tiene más incertidumbres que certezas, vicios de constitucionalidad y por esto motiva la solicitud de las Centrales obreras al presidente Iván Duque Márquez, para que se dialogue al respecto y se derogue. Igualmente hace parte de las motivaciones para la movilización social, legítima y pacífica, sin violencia como se hace siempre en las convocatorias de las Centrales obreras. Cabe recordar que por estos mismos riesgos, ante la inminencia de una reforma laboral y pensional, el país presenció las movilizaciones más masivas, en noviembre del año 2019 de la cual se tenga referencia desde el paro nacional del año 1977. Del presidente de Colombia, se espera un diálogo abierto y fraterno, la disminución de grados de arrogancia y la posibilidad de acuerdos que permitan la recuperación económica, con reactivación de las empresas en condiciones de trabajo decente y no con precariedad laboral. El reto de todos debe ser cuidar el bienestar de las personas y recuperar los empleos formales.

Jorge Iván Díez Vélez
Vicepresidente CGT Nacional y secretario general de la CGT Antioquia
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