JUSTICIA, VACUNAS & PANDEMIA

Freddy Machado La Justicia en Colombia, como en el 2020 y comienzos del 2021, vive su propia pandemia. Todos nos hablan de su crisis, de la necesidad de su reforma y de la urgencia en materializar los ajustes institucionales que propicien el giro hacía la prestación de un servicio óptimo, pronto y cumplido. Sin embargo, se omite hablar de la importancia de consolidar un gran consenso. Más claro: el nuevo orden debe estar determinado por un compromiso de toda la sociedad. Es muy obvio, y no nos hemos cansado de repetir-, que la Justicia no le pertenece a un partido político en exclusiva y mucho menos, al gobierno de turno.

En ese escenario, no se puede perder de vista que, en materia de justicia, una idea maquiavélica anima a muchos impulsores de estas reformas, y es la idea de creer que “el genio” que lidere, proponga e imponga una iniciativa de tales dimensiones, dominará el ámbito de la justicia nacional. Eso es impresentable y explica, por qué han fracasado tantos intentos de reformas.  

Esos “magos” descuidan que, la justicia se caracteriza por su autonomía e independencia y ese plus es, por esencia, innegociable e incondicional.

Un país que deambula en medio de muchos conflictos, discusiones y controversias, necesariamente, convoca a sus conciudadanos a que acudan y resuelvan sus diferencias civilizadamente en los estrados judiciales. La lógica nos enseña que, en tiempos de crisis, son innumerables las controversias que se disparan en temas administrativos, civiles, laborales, penales, policivos y de familia.

En esas precisas circunstancias, los Tribunales y Juzgados, resultan los escenarios más idóneos y óptimos para debatir y solucionar tantos y tantos litigios.

Por eso nuestra insistencia en cuanto a que la justicia tiene que fortalecerse y no puede seguir siendo vista como un botín de guerra sino como un valor superior, capaz de facilitar la consolidación de una paz estable y duradera. Es más, la justicia es una instancia democrática -la mejor-, en donde se reconocen los derechos y ese es el fundamento o la almendra del concepto “majestad de la Justicia”. La majestad está en dar a cada uno, lo que le corresponde…            

                                Por otra parte, siguiendo con el análisis, debemos tener en cuenta que los judiciales de Colombia desde hace algún tiempo mantienen la percepción que desde los centros de poder -ejecutivo y legislativo-, se adelanta un plan de desprestigio para con la justicia. Ese propósito tendría como fin, neutralizar y someter su más preciado tesoro: la independencia. Es evidente que una justicia autónoma y con suficiente presupuesto, resulta incómoda para quienes se han beneficiado de la congestión de la justicia con sus consabidos frutos: el vencimiento de términos, las prescripciones y los archivos.

Y, desde el interior de la institucionalidad, también se advierte que las convocatorias de ingreso de Magistrados, Jueces y Empleados a la Rama Judicial, día a día, se oscurecen más, pues el mérito fastidia a los que se creen dueños de la Rama Judicial y la Fiscalía. El mérito, quiérase o no, es el mejor mecanismo para la selección de la excelencia institucional y supera con creces, cualquier sistema o procedimiento existente para nombrar servidores judiciales.

Lo peor es que la mayoría de servidores de carrera, llamados a dejar atrás las “roscas, rosquitas y roscogramas”, en vez de continuar con la filosofía que determinó su ingreso, le siguen apostando a esas prácticas que antes tanto les repugnaban, cuando solo hacían parte de las listas de elegibles.

A su vez, está de moda, entre un gran grupo de buenos ciudadanos, descalificar la existencia de tantas y tan variadas Cortes. Por eso, sus voces reclaman y promueven, la figura de una Corte Única. Lo hacen descuidando, que estamos ante un instituto muy vulnerable, muy fácil de someter y que desequilibra las bases de nuestra democracia, sistema cada día más sometido a un presidencialismo aberrante.

La gerencia de la justicia no ha entendido que lo “superior” de su nombre, los compromete a centrarse en gestionar al máximo en pro de que los servidores judiciales realicen su trabajo en mejores condiciones y con todas las garantías. Para los judiciales, esa gerencia, se acomoda a sus anchas, descuidando muchas veces a los suyos y obligándolos a la protesta como única forma de reivindicar sus derechos.

Durante años, los judiciales han protestado por la insostenibilidad de despachos con más de 1.000 procesos, por las deficientes condiciones de infraestructura y por la excesiva limitación de sus plantas de personal. Sin embargo, los gobiernos, a conveniencia, iniciada la protesta, entran a invisibilizarlas, estigmatizando a sus voceros y por “Acuerdos”, condenan a los judiciales a convivir con la congestión y sometidos a cargas excesivas, sin importar el deterioro de su salud mental y negando irrazonablemente el acceso de los ciudadanos a ese anhelo de una justicia “pronta y cumplida”.

Es cierto, desde afuera, resulta fácil criticar a los servidores judiciales en sus protestas, pero no se analizan las causas del caos total de su sector (Defensoría Pública, INPEC, Medicina Legal, Procuraduría, ICBF, Comisarias de Familia, etc). Es muy cómoda la postura “modo: laissez faire, laissez passer” del Gobierno, pero más perverso es responsabilizar a los líderes sindicales y a los judiciales valerosos que exigen un mayor presupuesto ante las instancias de poder que determinan tal abandono.

Es triste que cada Fiscal General de la Nación, olvide que su misión es liderar las investigaciones y no la política. Cada administración de la Fiscalía abusa de los términos de nómina global y flexible y de las supuestas necesidades del servicio para poner la planta de personal a su disposición, generando zozobra y desconfianza en sus funcionarios ante el miedo al “coco” de los traslados caprichosos o bien como forma de sanción.

Y, tanto en la Judicatura como la Fiscalía, la estadística se le ha dado el estatus de varita mágica y se emplea casi siempre para castigar sin atender la calidad, complejidad y connotación de los procesos. La balanza debe inclinarse por los funcionarios que más produzcan, pero también por los que se desempeñan con responsabilidad y con sentido de pertenencia en procesos relevantes. Esa medición no ha sido considerada.

En la medida en que, como ciudadanos, no mostremos interés por los temas de la justicia y no revisemos a profundidad su contexto, no podremos incidir a plenitud en la neutralización de la crisis. Existen vacunas para las pandemias, pero no hay vacuna para tanta indolencia. Lo peor es que sin una justicia de calidad siempre seremos la democracia fallida que le interesa a las elites del poder.

En el 2021 no podemos seguir sin rumbo y asintomáticos. La reforma a la justicia debe ser fruto de un consenso amplio, pensada para el ciudadano y apostándole duro a la reivindicación del mérito y la excelencia. En cuanto a la gerencia de la justicia, desde luego que requieren una reingeniería en busca de esa superioridad que solo viene dada en el nombre de la entidad.

Cartagena, enero de 2021.-
Pin It

Add comment


Security code
Refresh

BeckRTV.com